Fotogafía de Fermín Marquina realizada con un iPhone
Hay pocas dudas de que la fiscalidad de la que vienen gozando determinadas multinacionales en Europa estaba resultando difícil de digerir para una opinión pública machacada por una crisis económico -financiera cuyos culpables distan de ser los paganos de la misma (No parece que el claim utilizado políticamente con profusión del «todos somos culpables de la crisis» pueda considerarse ni adecuado ni especialmente exitoso desde el punto de vista del adoctrinamiento social, y en cuanto a su coste es evidente quién lo está soportando vía reducción de empleo, recorte de prestaciones sociales y aumento de la fiscalidad).
Sólo el argumento de «estar cumpliendo con la ley» permitía a estas empresas librarse de esta presión social que, por otra parte, tampoco les ha pasado factura desde el punto de vista del mercado. El discurso era fácil: «si no aprovechan todos los resquicios que les permite la legislación para optimizar sus costes, factura fiscal incluida, sus accionistas podrían llevarles ante la justicia en defensa de sus legítimos intereses».
En una Europa dividida, en la que cada país tiene libertad para actuar a conveniencia, esta situación ha sido la ideal para que una multinacional —de cualquier sector— sacase el máximo provecho. Y es evidente que así lo han hecho muchas de ellas durante años.
La novedad de la reciente decisión de la Comisión Europea ha estado en no poner el foco en la empresa sino en el país que está permitiendo sus actuaciones, acusándole de firmar acuerdos individualizados y anticompetitivos con estas empresas —los famosos tax rulings— que pasan a ser considerados como «Ayudas Públicas», cuya regulación y responsabilidad hace tiempo que pasó del ámbito nacional al comunitario.
Es relevante subrayar que la Comisión no ha procedido a multar a nadie, conformándose simplemente con exigir al Estado correspondiente (en este caso Irlanda) que reclame ahora a la multinacional (en este caso Apple) el cobro de los impuestos no pagados (el diferencial entre los acuerdos tax rulings y los impuestos estándar aplicables para cualquier empresa).
Sin duda es interesante reflexionar sobre si este primer paso de la Comisión Europea en este sentido se hubiese dado con una empresa no americana y/o de cualquier otro sector que no fuese el tecnológico, pero en el fondo son cuestiones irrelevantes si se tiene en cuenta el carácter horizontal de sus implicaciones a futuro.
La línea de defensa de Apple, expresada en una carta dirigida a sus clientes en Europa, ataca a la Comisión Europea por considerar que «está alterando la historia mediante una decisión de carácter retroactivo», lo cual será dirimido por los tribunales para comprobar si la decisión supone la implantación de nuevas leyes o si sólo responde a la aplicación de la legislación ya vigente. Este debate seguro que también será interesante, aunque sea sólo relativamente trascendente para la empresa y el Gobierno afectado por esta decisión concreta, ya que lo auténticamente relevante vuelve a ser su impacto sobre el futuro.
El otro argumento esgrimido por Apple aduciendo que está decisión «es un golpe demoledor para la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea en lo referente a sus propios asuntos fiscales» solo se pude calificar de enternecedor ante la sin duda sincera preocupación que muestra la empresa respecto a la amenaza que está decisión supone para la soberanía nacional de los Estados europeos.
Párrafos extraídos de la carta de Apple a sus clientes en Europa:
«La Comisión Europea ha iniciado una campaña para reescribir la historia de Apple en Europa, ignorar las leyes fiscales de Irlanda y de paso cambiar radicalmente el sistema internacional en materia tributaria.»
«El dictamen de la Comisión no tiene precedentes y sus implicaciones son graves y de gran calado. Lo que propone en realidad es sustituir las leyes fiscales irlandesas por otra versión, la que la Comisión opina que debería haber sido. Esto supondría un golpe demoledor para la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea en lo referente a sus propios asuntos fiscales y al principio de la certidumbre del régimen jurídico en Europa.»
Los que estamos convencidos de la necesidad de avanzar hacia «más Europa», en contra de quienes apuestan por mantener o incluso aumentar su fragmentación, confiamos en que esta decisión de la Comisión Europea, con independencia de lo que digan los tribunales sobre el pasado, pueda ser una pieza clave en el engranaje futuro de la Unión Europea.
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